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17.4.17

número 6

El número 6

  • El nocivo proteccionismo de Trump
  • Reforma energética, aumento a las gasolinas e indignación social
  • Constitución de la CDMX, el rescate de lo público y lo social
Revista Gobierno y Democracia No. 6






22.12.16

numero 5

El número 5

  • Agenda mínima para los congresos locales
  • México un país de educadores
  • Urgente replantear un nuevo sistema financiero internacional


 Revista Gobierno y Democracia No. 5

16.11.16

04.08 El papel de los grandes emporios

El papel de los grandes emporios mediáticos

Que debe y puede  hacer la izquierda para enfrentarlo


Darío León Mendiondo
Dirigente sindical y político de Uruguay.



La Dimensión ideológica y la Soberanía Informativa

En los últimos años, ha tenido lugar un proceso de concentración económica de los medios de comunicación que se ha expresado  en la conformación de grandes grupos empresariales que controlan la mayor parte de la información que circula en el planeta.

Ello se constituye en una amenaza permanente a la comunicación democrática, plural y diversa, en la que todos tengamos las mismas posibilidades de acceder a los diferentes servicios escritos, audiovisuales, digitales, siendo parte de esa construcción permanente de opinión.

Actualmente más del 90% de los medios masivos de comunicación están en poder de unos pocos conglomerados de medios que controlan diversos canales de información, música y entretenimiento.

Tienen el poder de informar lo que quieren, y también de desinformar, de incidir, de inducir, de digitar y de manipular la información, pero sobretodo se han propuesto en los últimos tiempos poner en duda las acciones que muchos de los Gobiernos progresistas han llevado adelante para profundizar los cambios en el plano social, político y económico.

Esta ofensiva mediática se basa en la producción de contenidos que sistemáticamente persiguen el objetivo de desinformar y/o manipular la información disponible de forma tendenciosa, utilizando la banalización como un método recurrente e imponiendo nuevas tendencias que desarrollan la cultura de la frivolidad, promoviendo una infra cultura que canaliza lo más mediocre del ser humano.

Pero estas grandes corporaciones no solo actúan en el plano de la información, sino que también se desempeñan en el mercado retail del negocio financiero, están directamente vinculados a las grandes compañías de telecomunicaciones, y a las grandes superficies de consumo de bienes y servicios, es decir, influyen diariamente en las personas, en sus percepciones, en sus decisiones, en sus opiniones, a través de múltiples vías que modifican o reafirman comportamientos, con el objetivo de ejercer un perverso control social. ( prejuicios, valores, creencias)


Basta con investigar cómo operan estas mega-corporaciones en América Latina y el Mundo, quienes son sus empresarios asociados, que vinculaciones tienen entre sí, como se organizan en holdings financieros internacionales, para constatar el inmenso poder que concentran y la importancia que tienen en la batalla táctica por ganar opinión pública favorable en temas trascendentes para la vida de la humanidad.

El Imperio Rothschild

A su vez, en más de la mitad de ellos encontramos vínculos económicos con la familia israelí Rothschild, que según varias fuentes informativas, son dueños de la Reserva Federal de USA y del Banco Central de Europa, y propietarios de Bancos de primera línea en USA, Alemania y Reino Unido, de lo que se desprende el gran poder que ostentan en el manejo de las políticas monetarias de las potencias occidentales y su incidencia en el sistema financiero mundial.



Son los principales accionistas de las mayores corporaciones de medios del mundo, entre las que se encuentran Disney Company, que a su vez es propietaria de ABC y ESPN; Time Warner, una multinacional norteamericana, que a su vez es propietaria de CNN, HBO Cartoon Network TNT y Warner Bros, entre otras cadenas de noticias, películas y entretenimientos; Century Fox, propietaria de FOX Channel, FOX SPORTS y el famoso periódico londinense The Times;  Viacom Inc. Dueña de la cadena de televisión CBS, MTV, Paramount Pictures y otras.

Pero lo más asombroso de este complejo entramado que comienza con la familia Rothschild, es que en esa filigrana interminable de accionistas, corporaciones, holdings, subsidiarias y testaferros, encontramos a Hewlett Packard, Laboratorios Novartis, Pfizer, Barclays Groups, Shell, Microsoft, JP Morgan Chase, Apple, Johnson y Johnson y hasta el mismísimo Facebook.

Una arquitectura de medios, corporaciones y empresas de diferentes ramas de actividad que constituyen un verdadero imperio, que a su vez controlan la mayor parte de los medios de producción del planeta.

En un breve repaso por Latinoamérica encontramos similitudes de estas asociaciones, constituidas en poderosos grupos económicos con presencia en las diferentes esferas de la producción, grandes industrias, el negocio de las armas, alimentos, medicamentos, vestimenta, tecnología y comunicaciones. 


18.8.16

03.03 Guia Politicas Publicas


                                                                                                     Juan Manuel Llera Blanco*

La responsabilidad de un buen gobernante es la de privilegiar aquellas políticas públicas que maximicen los beneficios a la población y que tengan los menores efectos negativos posibles.

Todos lo hemos visto alguna vez: un nuevo gobierno municipal acaba de arrancar su período y en aras de empezar a mostrar resultados se anuncian decisiones de gobierno precipitadamente: un alcalde anuncia que privatiza la recolección de basura u otro que dará transporte público gratuito a estudiantes.

Lo primero que hay que tener presente es que cada acción de gobierno, cada programa o cada proyecto que se pone en marcha tiene consecuencias. Las tienen porque el gobierno es un actor central de la vida económica y social de una ciudad y todo lo que hace o deja de hacer influye en las vidas de los ciudadanos. Esas acciones, programas u obras son lo que comúnmente llamamos políticas públicas y todas ellas tienen la capacidad de afectar positivamente la vida de miles de personas, pero también pueden generar efectos negativos en los mismos ciudadanos a los que se pretende apoyar.

Guía de Políticas Públicas

La responsabilidad de un buen gobernante es la de privilegiar aquellas políticas públicas que maximicen los beneficios a la población y que tengan los menores efectos negativos posibles. Suena sencillo, pero no lo es.

Regresemos al ejemplo del alcalde que anuncia que los estudiantes de su municipio tendrán derecho a transporte público gratuito. Suena muy bien, ¿no? Los estudiantes suelen tener presupuestos muy ajustados y buena parte de su ingreso disponible se destina a transportarse a sus centros de estudio. Parece que vamos por buen camino y estamos usando el poder del gobierno para apoyar a los que más lo necesitan. ¿Está usted de acuerdo?

Los problemas vienen cuando pensamos en el otro grupo que está siendo afectado por la política pública: los transportistas. Normalmente suelen ser operadores que viven al día y dependen exclusivamente de lo que los pasajeros les pagan para cubrir los costos de operación de su vehículo, el mantenimiento y el combustible. Lo que les sobre es su ganancia y con eso llevan el pan a la mesa de su casa.

Súbitamente ese chofer que cubría la ruta con más escuelas ve cómo sus ingresos se desploman mientras que sus costos se mantienen iguales. Por decisión de la autoridad ya no puede cobrar el pasaje a los estudiantes, pero tiene que seguirles dando el mismo servicio. Lo más probable es que, para poder seguir llevando el gasto a casa, recorte sus gastos de mantenimiento. En pocos meses el sistema de transporte ya padece los efectos de la medida y empieza a presentar problemas y fallas en el servicio. Una noble medida se ha convertido en un problema para todos.

Ese es el poder real del gobierno cuando decide intervenir e influir y es por ello que dichas intervenciones tienen que ser planeadas y medidas cuidadosamente.

A veces las políticas públicas también pueden generar efectos inesperados positivos. En el año 2007 SEDESOL lanzó un programa de estancias infantiles para hijos de madres que no tenían derecho al servicio de guarderías. La idea era darles a esas mujeres un servicio para que pudieran dejar a sus hijos mientras se dedicaban a terminar sus estudios, a labores del hogar o simplemente a otras tareas no remuneradas que tuvieran que cumplir. Los análisis de impacto del programa concluyeron que además de cumplir su objetivo, el programa estaba ayudando a empoderar a esas madres de familia que ahora tenían el tiempo disponible para terminar sus estudios o capacitarse mejor para el trabajo. En el diseño original de la política, los niños serían los principales beneficiados pero resultó que sus madres también fueron impactadas positivamente por el programa (EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, http://www.20062012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/Evaluacion_Impacto/EI_PEI_2011/Inf_Final_PEI.pdf)

LOS PASOS A SEGUIR

Como todo proceso existe ya una metodología clara respecto a la creación de una política pública. Cientos de años de fracasos en políticas mal implementadas a nivel mundial nos han servido para entender cómo es que se debe gestar una política pública, qué proceso debe seguirse y cómo deben evaluarse los resultados. Si usted tiene la suerte de encabezar un gobierno municipal o estatal digamos que puede aprovecharse del conocimiento acumulado en miles de experiencias no exitosas para evitar repetir los mismos errores.

Lo primero que debe hacerse es identificar el problema. ¿Qué es lo que queremos solucionar y para qué? Toda política pública nace para resolver un problema. Si no hay problema entonces no hay necesidad de que exista una política pública.

Muchas de las políticas públicas fallidas han nacido a partir de una premisa falsa, es decir para solucionar un problema que no existe o no es tan serio como se planteaba. Otras veces, atienden sólo un interés político donde el grupo a beneficiar representa una clientela política o compromisos que se adquirieron en campaña. No se trata de un problema real sino de una cuota. Aquí cualquier diseño de política pública nos dará resultados negativos pues no se está resolviendo ningún problema y se están distrayendo recursos que bien podrían aplicarse a la solución de problemas verdaderos.

EL PROBLEMA

La definición del problema es la clave para el éxito de la política pública. ¿De qué problema se trata? ¿A cuántas personas afecta? ¿Cómo las afecta? Una vez respondidas estas tres preguntas entonces podemos empezar a pensar en una solución. Pero no antes.

En 2013 se anunció la Cruzada Nacional contra el Hambre. Todos podemos estar de acuerdo en que abatir el hambre en la población mexicana no es sólo loable sino urgente y necesario. No encontraremos un solo político que esté en contra de tan noble objetivo. Vivimos en el siglo XXI y todavía hay mexicanos que no tienen certeza de qué comerán el día de hoy. El problema está claro.

¿A cuántas personas afecta? Según la información que acompañó al lanzamiento de la Cruzada, “El programa va dirigido a 7.4 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria, y comenzará en 400 municipios del país, que se elegirán con la información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.

¿Cómo las afecta? Según SEDESOL los 7.4 millones de mexicanos a los que se dirige la Cruzada son los más marginados de los 52 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza. No tienen acceso a una dieta alimenticia adecuada y ello les impide desarrollarse y limita su acceso a mejores oportunidades.

Pareciera que SEDESOL hizo bien su trabajo y pudo segmentar el grupo de población que más padece por el problema identificado. Ello implica que el esfuerzo podrá ser dirigido a ese grupo de población y no a la población en su conjunto. Ello implica mayor probabilidad de éxito y menor dispersión de los recursos.

No obstante, una auditoría realizada en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación encontró que “hubo deficiencias en la focalización y en la coordinación, por lo que no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de su población objetivo, ya que de los 61 programas que promovió, sólo nueve atienden directamente la pobreza alimentaria; el resto se ocupan de otras carencias”.

Es decir, errores en la focalización impidieron que el programa llegara a la población que realmente necesitaba el apoyo. Además, se integraron acciones que no estaban directamente relacionadas con abatir el hambre como conciertos masivos y eventos públicos. Lo que parecía ser una buena idea terminó siendo orientada incorrectamente y los parámetros que SEDESOL definió para identificar a la población objetivo no podían identificarse claramente en la práctica. Era imposible distinguir a los 7 millones de mexicanos definidos como objetivo entre los 11 millones de habitantes que padecen pobreza extrema.
Guía de poliíticas públicas
Guía de Políticas Públicas

DISEÑO
Si ha logrado identificar con claridad el problema y la población objetivo el siguiente reto es el diseño de la política pública: ¿Qué haremos para eliminar o reducir el problema? ¿Qué acciones tomará el gobierno para incidir en X o Y situación a la cual queremos hacer frente?

Hace apenas unas semanas la Comisión Ambiental de la Megalópolis resolvió endurecer el Hoy No Circula para enfrentar las altas concentraciones de ozono que se anticipan en la Ciudad de México y su zona conurbada. El diseño de la política pública implicaba restringir hasta un 20% de los vehículos automotores que diariamente circulan para reducir la concentración de emisiones de ozono en la atmósfera. La premisa es sencilla: si reducimos el uso de vehículos contaminantes se reducirá la contaminación y por ende el nivel de ozono en la atmósfera. El diseño parece atender adecuadamente el origen del problema y si es adecuadamente aplicado ayudará a resolverlo.

No obstante el diseño no considera dos cosas: primero, que las personas pueden optar por medios de transporte distintos al transporte público lo que aumenta la demanda de vehículos de transporte privado (taxis y Uber) de modo que no hay una reducción simétrica del uso de automóviles. Es más, la demanda de transporte privado impulsa a más conductores de taxis y ubers a circular más horas por día. Segundo, que la acumulación de contaminantes en la zona metropolitana no obedece exclusivamente a la circulación sino a la falta de vientos en el valle de México. Justo en esta época del año se reducen los vientos en la ciudad lo que impide que los contaminantes sean dispersados como ocurre regularmente el resto del año.

Esta falla de diseño ya se ha puesto de manifiesto y la Ciudad de México ha estado en 4 semanas, más días en contingencia que en los 14 años anteriores juntos. La política no está dirigida a los orígenes del problema y atiende solamente a los síntomas.

EVALUACIÓN
En el proceso de creación de una política pública hay tres elementos importantes: evaluación, evaluación y evaluación. Así es, de nada sirve una idea o programa cuyo impacto no pueda medirse. Se trata de la fase sustantiva del proceso y es justo el momento donde se pueden hacer las correcciones relevantes que le permitan a la política pública tener éxito.

Afortunadamente hoy es posible evaluar una política pública ANTES DE PONERLA EN MARCHA. Ello implica que pueden evitarse el dispendio de recursos públicos en programas y acciones que no resultarán positivas para la población. La evaluación del diseño de políticas públicas es una herramienta fundamental para el buen gobernante que quiere maximizar el impacto de los escasos recursos que tiene bajo su control.

La forma tradicional de la evaluación de políticas públicas la sitúa como una valoración que debe ser aplicada a posteriori: un juicio a emitir hasta que se pueden observar los resultados que se derivan de la intervención. Dicha visión no toma en cuenta que las políticas presentan múltiples factores que deben ser objeto de análisis. Uno de ellos es el modo en el que tales políticas están diseñadas.

Hay diversos métodos para analizar a priori el diseño de una política pública y aunque entrar a detalle no es el objeto de este artículo lo relevante es que el modelo que se propone para abordar la evaluación de diseño de las políticas públicas, a diferencia de la planificación, contexto y estrategia deben analizarse, a priori, de forma independiente y estructurada y luego, de forma conjunta y vertebrada.

A EMPEZAR
Ahora debe quedarle claro que ante el enorme reto de resolver un problema público existe todo un arsenal de conocimiento y métodos para poder realizar un mejor trabajo. Todo ese material esta cimentado en el estudio de los fracasos de cientos de políticas públicas en todo el mundo, y desde luego, el éxito también de cientos o miles de esfuerzos para reducir problemas tan diversos como la pobreza, el desempleo, la violencia o la migración. No está usted solo.

*Maestro en Gerencia Pública por el CIDE

8.8.16

29.4.16

¿Desnormalizar la corrupción?

30.03.2016

¿Cómo desnormalizar la corrupción?: cinco pasos iniciales para reducir la corrupción en las organizaciones


David Arellano Gault *

La corrupción no es un acto de individuos aislados. Es una relación social, un acto que se realiza en un ámbito social, con reglas, lenguajes y símbolos. Es una serie de actos en realidad, que comienzan y se desarrollan antes del acto propiamente corrupto y que se sostiene por lógicas que perduran después del acto corrupto. Más complejo todavía: muchos actos vistos como corruptos por unas personas resulta que no son visto como corruptos por otras. Es por ello que mucha gente acusada de cometer actos de corrupción, asegura, piensa y argumenta que no cometió acto indebido alguno; o que al momento de hacerlo no sabía que cometía alguno. Más allá de la lógica de las personas por justificarse, es interesante ver las razones que por lo general esgrimen: “actué de tal modo porque todos hacían lo mismo”, “porque se me ordenó”, “porque desde que inicié en mi trabajo me dijeron que las cosas eran así”. Más todavía: “porque se lleva años haciendo lo mismo, porque aun hoy, conmigo en la cárcel, los demás compañeros lo siguen haciendo”. En otras palabras, porque es normal.

La corrupción es un concepto negociado: es una definición que depende de lo que una sociedad o grupo de personas define como incorrecto o correcto, como público y privado. Y esa definición puede variar en determinadas circunstancias, tiempos y circunstancias. De esta manera es comprensible (no justificable, pero sí entendible) que alguien pueda considerar “normal” una situación de conflicto de interés, por ejemplo, aceptar una transacción como privado con un posible futuro proveedor del gobierno. Esto porque, de manera típica, ese alguien observa que dicha práctica lleva haciéndose años y que –como muchos en el pasado y en el presente lo han hecho y lo hacen– se considera en la práctica cotidiana como algo válido, usual, justificable.

La frontera entre lo que es público y lo que es privado se va definiendo y redefiniendo con el paso del tiempo en toda sociedad. Por ejemplo, en México se utiliza la palabra “palancas”: las relaciones y contactos de las personas se consideran fundamentales para obtener facilidades y apoyos. ¿Cuándo las palancas transgreden a lo público? ¿quién dice que en unos momentos las palancas son legítimas y en otras no? ¿cómo algo que era privado pasa a ser público o relevante para el resto de miembros de un grupo? ¿cómo se pude dar cuenta de que esto puede pasar y convertirse en un acto potencial de corrupción?

Como la corrupción es un acto negociado, definido socialmente y en constante cambio, es una interacción que se vive en la práctica a través de intercambios y relaciones sociales del día a día. Se construye socialmente, se banaliza, se torna normal. De esta manera, no darle “mordida” a un policía de tránsito trae aparejadas una serie de consecuencias –en la delegación, con el juez cívico, con los otros policías, con los otros infractores– donde la conclusión es evidente: el no dar la mordida trajo más problemas para el infractor honesto. La gente en estas circunstancias bien puede decir, “soy el único estúpido que no siguió las reglas reales, las  aceptadas implícitamente y ahora pago las consecuencias”.


La corrupción, social y organizacionalmente hablando, se “normaliza”. Las leyes y las normas formales dicen una cosa en blanco y negro, pero los actos diarios, el cara a cara con compañeros y superiores, con usuarios y clientes, dicen otra cosa, una más matizada, con varios tonos grises. Por ejemplo, hay actos que pueden ser calificados como corruptos, pero que en el cara a cara van generado equilibrios importantes, rutas informales para “aceitar procedimientos” ante las instituciones u organizaciones. Estados colectivos o grupales que “todos” aceptan como normales y que romperlos o violar sus endebles -pero negociadas– fronteras es lo único castigable, pues se actúa en contra del imperio de las reglas tácitas, de aquellas que gobiernan la dinámica real de la sociedad –y que puede que cumplan un papel racional a los ojos de ese colectivo–.

¿Cómo se van construyendo estas lógicas organizacionales? La literatura es clara: se va cayendo paulatinamente, a través de muchos actos que van haciendo de esta normalización un camino. Se socializa en las relaciones con los pares; se intuye en la relación con los superiores. Se observa actuando con otros que lo van introduciendo a uno mismo en esta dinámica, lentamente. La metáfora es muy clara: se va cayendo como en resbaladilla a la corrupción, poco a poco en el tiempo, socializando constantemente hasta que se hace normal.

Esto explica por qué la gente cuando es acusada de corrupción es capaz de decir que no sabía o que incluso sigue pensando que no era un acto de corrupción. Una vez que se va avanzando en la resbaladilla, el camino es crecientemente inercial. Un camino donde se van creando, construyendo, solidificando argumentos, justificaciones, chantajes y socializaciones que llevan –con el tiempo– a que las organizaciones o algunas de sus partes amasen un entramado de relaciones que incluso organizan (aunque suene contradictorio) las rutinas de la corrupción. En el nivel más alto de complejidad, inclusive, son capaces de diseñar mecanismos de iteración constante para mejorar el funcionamiento de su dinámica corrupta, envuelta en una serie de justificaciones y racionalizaciones.

Desnormalizar la corrupción es un proceso difícil y las organizaciones requerirían estar atentas a estos procesos para evitar caer; y, si ya están en ella, para salir de la trampa organizacional donde han caído.

De la literatura especializada se pueden obtener lecciones de qué hacer. Cambiar no será fácil. Mientras más rápido la organización acepte que ha caído en la trampa socializada de la corrupción, más pronto podrá intentar actuar para cambiar esta normalización. Algunos pasos que los directivos de las organizaciones pueden considerar  básicos a realizar en este esfuerzo son:

    1.    Identificar si ya hay una resbaladilla en áreas críticas o sensibles –por ejemplo,  contratación o compras–, donde es más probable que una resbaladilla comience. Cuando la gente en diversas áreas tiene oportunidades constantes de discreción para contratar, para subcontratar o para negociar contratos. Si la solución que continuamente se propone es la misma, si ya no se buscan alternativas, puede ser un síntoma de corrupción. Puede que haya una resbaladilla ya en uso.

    2.    Sondear la cultura organizacional respecto de lo que es corrupto o no. Preguntar, indagar, con sinceridad, qué es para la gente de la organización lo público y lo privado y sus fronteras (o sus empalmes). Hacer preguntas claras es relevante: ¿en qué condiciones se puede considerar normal contratar familiares, recibir un regalo de un cliente, negociar en una comida un contrato? ¿qué prácticas para “endulzar” o “suavizar” a un jefe o a un par  se realizan de facto  en la organización? ¿quiénes son los clientes y cómo los clientes pueden ofrecer incentivos extraordinarios para “hacer eficiente” un servicio? ¿qué tanto la gente (de afuera y de dentro de la organización) está dispuesta a denunciar cuando un acto puede ser corrupto o indebido? ¿Puede incluso que la gente piense que es tan normal un acto corrupto que asumen que los jefes de la organización lo saben y hasta lo toleran? Se debe identificar –con toda la franqueza posible, sin moralismos exagerados que lo impidan­– los patrones de corrupción que posiblemente estén ya funcionando y la gente considere como normales (solapados inconscientemente por las autoridades mismas, incluso).

    3.    Identificar y comprender los procesos de socialización que la organización tiene para introducir a la gente en la dinámica de las diferentes áreas de la organización. Si no hay servicio civil, ¿Cómo se contrata a la gente? ¿Con base en qué criterios? Cuando se contrata a alguien que proviene de instituciones con dinámicas corruptas, seguramente, estas personas traerán a sus contactos (a sus conocidos) a la nueva organización, y probablemente tratarán de imponer el  juego aprendido antaño. Por lo tanto, es importante cuestionar ¿De qué cultura organizacional vienen? ¿Qué valores de acción organizacional traen con ellos y ellas? ¿Traerán ya prácticas de normalización de la corrupción que puedan introducir pronto en la organización? Ahora bien, además de la contratación, está la forma en que la organización socializa a las personas con sus cargos, con sus labores, con la jerarquía y las relaciones horizontales. ¿Cómo aprende un nuevo miembro de la organización lo que debe hacer? ¿Cómo aprende las rutinas? ¿Qué reglas formales e informales de internalización de las reglas  y costumbres de la organización se llevan a cabo? ¿Por quiénes? Estas preguntas pueden ayudar a los dirigentes de una organización a comprender las vías por las cuales se normalizan y socializan los actos más importantes de la organización. Entre estos actos, los de aquellos que son susceptibles de convertirse en corruptos debido a su cercanía al flujo de recursos y decisiones de autoridad relevantes.

     4.    Identificar lógicas ya actuantes de normalización. No hay que buscar sólo las lógicas que puedan ser corruptas, sino otras: ¿Cómo se relacionan los subordinados entre sí y con los jefes? ¿Qué canales de diálogo, planeación o deliberación existen? ¿Cuáles son los procesos informales más normales que la gente identifica y puede explicar? Identificar estos comportamientos y cuáles de ellos pueden ser indicios de corrupción normalizada es uno de los pasos más sensibles y difíciles, pero de los más críticos para confrontar el problema. La gente debe poder discutir con los directivos de la organización las prácticas, aun aquellas que parecen tan normales, pero que puedan ser relativamente extrañas (y que el personal no se atrevía a discutir ante la duda de qué es un acto “normal”).

     5.    Crear mecanismos para cambiar y discutir esta normalización. Con programas de información constante respecto de lo que es lo público y lo privado; lo que no se puede aceptar en términos de contratación de familiares, de recepción de regalos, de negociación de contratos. Con espacios de denuncia interna creíbles y sencillos. Denomínenlos programas “anti-normalización” de la corrupción, por ejemplo. Como líder/autoridad de una organización no temas llamarle normalización,  explica a tus subordinados que son procesos que se construyen socialmente y deja claro que, sin embargo, no se pueden tolerar. La búsqueda de espacios de normalización implican aceptar que es un proceso común y que requiere de seguimiento y educación organizacional constantes. En el fondo, los castigos deben ser aplicados, sin duda. Pero en un marco que busca desnormalizar procesos que lleven a lógicas de corrupción constantes. Abre espacios de denuncia anónima, has saber que se está dispuesto a escuchar y a revisar prácticas que puedan parecer lógicas y hasta acordadas o completamente firmes. El caso es justamente, crear una cultura anti-resbaladilla de la corrupción.


Estos cinco pasos mínimos pueden ser necesarios para actuar inicialmente. El velo que cubre los ojos de muchos directivos de organizaciones públicas y privadas es pensar que luchar contra la corrupción es un asunto de castigos y normas. Es también un asunto de cambiar dinámicas organizacionales comunes y constantes. Toda organización normaliza y socializa a sus miembros, para bien y para mal. Cuando la corrupción se ha normalizado, la gente desplaza sus preocupaciones, asume que es lógico –hasta racional–, actuar de alguna manera que pueda ser en el fondo corrupta. “Todos lo hacen,  así me dijeron que era”, “así se me ordenó”, “es la forma en que se resuelven los problemas de manera efectiva desde hace años”. Más todavía, “si no lo hago yo, lo harán otros”, “no estoy robando, sólo estoy obteniendo lo que merezco por mi trabajo de manera justa”, “estoy ayudando a la organización a resolver un problema y hasta le estoy haciendo (a la organización) un favor, por lo tanto, es justo que me lleve una ganancia, una tajada”. “Si no lo hago, el problema sería mayor; de modo que incluso ayudé a la organización”. Todas estas son racionalizaciones comunes. Pero por ser justificaciones significa que son verdaderas racionalizaciones que auxilian a la gente a actuar en el día a día, a entender su trabajo y a deshacerse de sentimientos de culpa por actuar deshonestamente.

Como se puede ver, para la gente, la corrupción normalizada no es necesariamente corrupción. Es una lógica de actuación racional aceptada, hasta cierto punto, por la colectividad. Cambiar esto es una responsabilidad de los directivos de las organizaciones. Saber identificar a tiempo cuando se está ya en “la resbaladilla” sería una prioridad de dichos directivos (aunque el problema es mayúsculo si los directivos ya están también en la resbaladilla, pues entonces introducir acciones hay que subir de nivel decisorio hasta un punto en donde haya alguien no involucrado y con el poder para propiciar una intervención de cambio). Actuar para desnormalizar la corrupción –definirla como algo indebido y que sea aceptado como tal por los miembros de la organización– es una gran y difícil responsabilidad, pero probablemente sea el instrumento más efectivo en nuestras manos, hasta ahora.

* David Arellano Gault (Ph.D. Universidad de Colorado) es profesor y director de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México. Del mismo modo, colabora en diferentes consejos editoriales como ARPA y JPART. Es miembro del Board of Advisors of the Center for Organizational Research and Design (CORD, Universidad Estatal de Arizona). Entre sus proyectos actuales destacan la edición de un libro (en presa) que plantea una perspectiva organizacional de las Organizaciones Gubernamentales Internacionales (libro basado en un diálogo entre expertos de las relaciones internacionales y expertos en teoría de la organización); y un artículo académico del fenómeno de la corrupción (también en presa) desde un enfoque organizacional.

15.4.16

Drogas en México

30.03.2016

Hacia una nueva política pública en materia de drogas en México.


Carlos Francisco Munguía Labastida*

Existe un gran número de problemas de interés público que se encuentran en espera de ser visibilizados para convertirse en objeto de intervención gubernamental, cuya necesidad de solución puede ser impulsada por grandes organizaciones o en ocasiones por grupos dispersos de la sociedad.

Cuando uno de estos problemas adquiere relevancia nacional y se convierte en un tema prioritario de atención por parte del gobierno, se considera factible incluirlo en su agenda, para que una vez realizado el diagnóstico adecuado, se defina con claridad el problema público y se tomen decisiones sobre el actuar.

De este tamaño es la reciente resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que por mayoría se declaran inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación única y exclusivamente del estupefaciente conocido como “marihuana”.

Con esta trascendental decisión no sólo se permite a cuatro personas el uso de la “marihuana” con fines lúdicos, así como aquellos actos relacionados para su consumo, sino que abre la posibilidad de un debate serio y obliga a intercambiar ideas para que de manera conjunta se construyan soluciones, reconociendo las limitaciones de la actual política de drogas.

Es conocida por todos la dificultad de analizar desde una perspectiva integral la política de drogas por los gobiernos en turno, así como fijar posturas a favor o en contra de su legalización por parte de los diversos actores políticos, ya sea por presiones internacionales o por los retos de salud, morales, éticos, jurídicos, políticos e incluso económicos que plantea, sin embargo, en las últimas décadas nos hemos podido dar cuenta de la ligereza con la que nuestros exmandatarios expresan abiertamente sus posiciones e incluso algunos han dejado ver sus intenciones de convertirse en los nuevos empresarios de esa industria.
Ahora bien, es importante señalar que en los últimos años se han realizado múltiples debates sobre el consumo de drogas en nuestro país que no han logrado materializar cambios relevantes, sin embargo, lo que actualmente representa un hito son los alcances de la resolución de la Corte, que permiten pensar que derivado de ese ejercicio se tomarán decisiones específicas en la materia.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la “elección de una actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución”, es decir, la petición de los quejosos es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, el consumo de sustancias que produzcan  experiencias consideradas como las más personales e íntimas.
Adicionalmente, la decisión judicial llega a las siguientes conclusiones que podrán servir de base para los futuros debates:

·         Los estudios coinciden en que a partir de la evidencia que existe actualmente, el consumo de marihuana en personas adultas no supone un riesgo importante para salud, salvo en el caso de que se utilice de forma crónica y excesiva.
·         En términos generales, puede decirse que los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas; y que más bien se trata de una variable que debe analizarse con otros factores de riesgo de carácter social, psicológico o fisiológico.

·         En relación con la asociación del consumo con la comisión de delitos, la evidencia es altamente especulativa, toda vez que diversos estudios han concluido que el consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes.
·        
    El “sistema de prohibiciones administrativas” es altamente inclusivo, es decir, no encuentra fundamento en la justificación de dicha norma.
Ante tal escenario, es indispensable que el Estado mexicano tome decisiones y defina las acciones que deben realizarse en torno a la política de drogas, en un marco de corresponsabilidad y en pleno respeto a la división de poderes para llegar a una situación deseada por la sociedad mexicana.

El diseño de políticas públicas por parte del Ejecutivo Federal es el instrumento para definir acciones a desarrollar por el Estado mexicano, sin embargo, la indefinición gubernamental sobre el tema de drogas durante décadas ha generado parálisis para intervenir en la solución de ese problema social.

Si bien la resolución de la Corte declara inconstitucional diversos artículos de Ley General de Salud, su aplicación recae en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano que anteriormente no había otorgado por retrasos administrativos una autorización con fines medicinales, por lo que también en esa ocasión fue el órgano jurisdiccional quien ordenó a la autoridad federal permitir la importación del medicamento, pues con ello no se afectaba el interés social ni el orden público.

Es decir, parece el momento adecuado de interactuar entre el consenso y el conflicto para tomar las decisiones correctas, y dejar atrás las declaraciones relativas a no querer “un país marihuanero” o convertir a los “capos en empresarios” que dificultan un debate abierto; la indecisión sobre una acción específica aun cuando se reconoce el problema, deja ver una actitud de no querer resolver el problema y no permite cambios en la situación actual.

Como todo derecho es necesario ponerle límites, un análisis plural y abierto generará alternativas novedosas como regular el consumo exclusivamente a mayores de 21 años, en lugares determinados o con la prohibición de hacerlo en presencia de menores de edad, que pueden ser de utilidad  para fijar una nueva política de drogas con una perspectiva acorde a los desafíos de este fenómeno global, que puede colocar a México como referente internacional en el tema ante la próxima Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas en 2016.

Las medidas prohibicionistas demuestran una postura paternalista, en la que el Estado cree saber que es lo mejor para las personas y que es lo que deben hacer con sus vidas, lo cual es diametralmente opuesto al bien jurídico tutelado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por parte del Congreso de la Unión es necesario presentar una iniciativa seria y con un alto nivel de técnica legislativa, consensada con los diversos grupos parlamentarios, legitimada socialmente y que resuelva el problema de manera integral. Es momento de dejar a un lado los cálculos políticos y que los legisladores asuman con responsabilidad los cambios que se requieren en esta política pública erigiéndose como la voz de los ciudadanos que representan.

Los cambios legislativos deben ser integrales y considerar los múltiples factores de esta problemática, ya que las soluciones parciales o superficiales en un tema tan delicado provocan efectos no deseados. Un ejemplo de ello fue la reforma de “narcomenudeo” aprobada en 2009 en el que se despenalizó la dosis para consumo personal (5 gramos en el caso de la “marihuana”), cantidad que socialmente ha sido fuertemente criticada por el gran número de consumidores que ha enviado a la cárcel, al quedar la detención al arbitrio del cálculo fino de los policías, todo ello sin entender como esa mínima dosis llegó “milagrosamente” a manos del consumidor, siendo que todos los demás actos relacionados con el consumo están penalizados.

Como se menciona anteriormente, en el análisis de esta política habrá que reconocerle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el colocar el tema en los “reflectores políticos”, sin embargo es preciso que los jueces de primera instancia asuman el mandato constitucional de interpretar normas de derechos humanos, no como opción sino como obligación, e inaplicar las normas inconstitucionales a un caso particular.
El proceso para llegar a esta resolución ha sido largo, la autorización fue solicitada en mayo de 2013, la negativa del permiso se hizo de conocimiento del juez en julio de ese mismo año y es hasta finales de 2015 cuando tenemos la histórica resolución que da inicio al debate, es decir, en ese tiempo concluyó una legislatura y terminó la primera mitad de una administración federal, sin que se haya analizado el tema.

Es el momento de dirigirnos hacia una nueva política en materia de drogas, se reconoce la posición del Ejecutivo Federal de abrir un debate especializado y científico para definir las políticas públicas sobre el consumo de la marihuana, es aplaudible la postura abierta de los legisladores ante la discusión que se viene, pero lo más importante será conocer el alcance de las decisiones que habrán de tomarse al concluir el debate, porque la Corte ha dado el primer paso para constituirse como el medio idóneo para ampliar los alcances de los derechos fundamentales.

*El autor es Abogado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

9.3.16

Recorte al gasto

09.03.2016

RECORTE AL GASTO EN 2016

El pasado 17 de febrero la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte al gasto público para el año 2016 por un monto de 132.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Del cual, el Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reducirán su gasto en 32 mil 300 millones de pesos y los otros 100 mil millones de pesos tendrán que ser eliminados del gasto de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Se precisó que del monto a reducir por parte del Gobierno Federal, seis de cada diez pesos corresponderán a gasto corriente, utilizado principalmente para la operación, pago de sueldos, inmuebles y equipos; los otros cuatro pesos, se reducirán del gasto de inversión, sin modificar el presupuesto en las áreas de seguridad, desarrollo social y los proyectos de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del tren ligero México-Toluca.


SHCP: Recorte presupuestal 2016
En este contexto, la SHCP anunció una reducción de 25 mil plazas de trabajadores eventuales y de confianza que estaban bajo el régimen de honorarios. De los cuales, 10 mil trabajadores dejaran de laborar en PEMEX  y los otros 15 mil del Gobierno Federal.

Asimismo, el Banco de México anunció el 3 de marzo a través de su Gobernador un recorte a las expectativas de crecimiento para el país en este año y para el 2017 a un rango de entre 2.5 y 3.5 por ciento respectivamente, considerando que la expectativa anterior era de entre 3 y 4 por ciento para ambos años.

¿Cómo nos afectan los recortes de la SHCP?

Si consideramos que la economía mundial se está desacelerando, que el gasto de inversión será el más afectado  (72,000 mdp en PEMEX y CFE) y que el consumo interno se verá reducido al eliminar un número considerable de plazas, debemos esperar que se genere un efecto negativo tanto en el crecimiento económico como en la recaudación tributaria.

Este recorte recesivo puede ser el inicio de una serie de recortes al gasto público que paralicen la actividad económica del país y provoquen a mediano plazo efectos negativos en el desarrollo social y retrocesos en la  seguridad pública.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Ante estas circunstancias los ciudadanos debemos exigir al Gobierno Federal por un lado que de forma transparente se mejore la eficacia del gasto público, poniendo énfasis en áreas con grandes bolsas como las que se encuentran  en los presupuestos asignados a las de seguridad pública, educación y salud, utilizando para ello la lógica de presupuestos orientados a resultados.


Por otro lado, es necesario que si se presentan más recortes al gasto en el futuro, se privilegie la reducción de plazas, salarios y prestaciones de los altos funcionarios del Gobierno Federal para que el impacto en la reducción de partidas de servicios personales sea mayor y de esta manera se pueda atender simultáneamente uno de los problemas que se presentan en la Administración Pública Federal, el de tener una gran cantidad de personal de mandos superiores.

6.2.16

Reforma Política de la CDMX




         La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró el 20 de enero de este año, la constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México (CDMX) tras alcanzar la aprobación por 23 legislatura locales declaró la valides de la reforma y fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación  y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual entrará en vigor  al día siguiente de su publicación.
Ahora tendrán que iniciarse los trabajos para convocar al constituyente, lo primero que deberá ocurrir es que el Instituto Nacional Electoral dispondrá de 15 días para emitir la convocatoria para elegir a 60 diputados, en tanto que los otros 40 serán nombrados por el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y las Cámaras de Senadores y Diputados.
La instalación de la Asamblea Constituyente tiene como fecha el 15 de septiembre de 2016 y deberán aprobar con la votación de dos terceras partes de sus integrantes presentes la Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017.

Ejes fundamentales de la Reforma


  •         Plena Autonomía de la Ciudad de México;
  •          No deja de ser Capital de la República;
  •          Deja de llamarse Distrito Federal para llamarse Ciudad de México;
  •          Democratización de las unidades político administrativas de la Ciudad;
  •          Se reforman los poderes políticos de la ciudad;
  •          Se tiene vía abierta para los consejos metropolitanos en todo el país;
  •          Carta de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México.

¡Adiós Distrito Federal, bienvenida Ciudad de México!