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03.08 Dilma Roussef

PROCESO CONTRA DILMA ROUSSEFF


Alfonso Galindo Cano*


De consumarse, Brasil enviaría un mensaje de incertidumbre política y económica a la comunidad internacional pero sobre todo de una verdadera injusticia.

El proceso de destitución o Impeachment que han impulsado  las fuerzas opositoras a Dilma Rousseff, de manera “fast track” en la Asamblea de Brasil, implica la cesantía de una presidenta electa democráticamente bajo argumentos insuficientes de funcionarios públicos que incluso han sido acusados y destituidos por corrupción.



Su predecesor en la presidencia de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, entregó el primero de enero de 2011 el mando a la presidenta Rousseff −tras haber sido electa por poco más de 54 millones de brasileños−. Había terminado el período denominado la Década de la inclusión. Lula había impulsado en sus dos períodos presidenciales políticas de distribución de ingresos a través de programas como el de Bolsa Familia, que logró reducir en un 45% el número de pobres y en un 47% el número de personas en extrema pobreza, de acuerdo a los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Asimismo, Luz para Todos, literalmente sacó de la oscuridad a millones de habitantes de las zonas más apartadas de Brasil. Este programa casi universalizó el acceso a la electricidad, un ejemplo es la ciudad de Queimada Nova, del Estado de Piauí, donde sólo el 12.62% de los hogares tenía energía en 2000 y ya en 2010 eran el 96%, de acuerdo con cifras del Instituto de Investigación Económica Aplicada de Brasil (IPEA).

En materia de ingreso, los gobiernos del Partido de los Trabajadores lograron que la tasa real de aumento del salario mínimo por año en el período que va entre 2002 y 2012, fuera del 5.26%, frente a la reducción anual del 0.22% registrada en la década anterior.

Con el inicio de la crisis económica, Brasil implementó una política económica anti-cíclica basada en la reducción de los impuestos, lo que provocó que aumentara el empleo y se inundara de productos el mercado. Ello estimuló a la producción nacional, facilitó el acceso al crédito personal y se impulsó el consumo de una nueva clase media que abandonaba la pobreza, especialmente en el noreste del país.

Tres casos ejemplifican el milagro brasileño, para el período que va entre 2001 y 2011, el número de hogares con refrigerador en el estado de Maranhão creció de un 12% a un 52% y en el estado de Piauí, los televisores a color se incrementaron de un 16% a un 51%. El índice de los hogares que contaban con lavadora en el Estado de Alagoas creció de 51% a un 190%.

El impacto positivo del boom de la compra de materias primas por parte de China y la adopción de medidas para sortear la crisis internacional, aunado a los progresos sociales que registró Brasil en la década pasada, facilitaron a Lula su reelección en 2006, y dejar como sucesora a Dilma Rousseff, en 2011.

Dilma primera presidenta de Brasil y ex Ministra de Energía y Jefa de Gabinete en el Gobierno del presidente “Lula” llamada por él como “madre del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)”, consiguió mantener y ampliar los logros de su antecesor. En 2014, la ONU declaró a Brasil como un país sin hambre y en ese mismo año la tasa de desempleo alcanzó el índice histórico mensual más bajo.

Mientras el gobierno celebraba sus éxitos, crecía paralelamente el escándalo de una red de lavado de dinero en torno a la empresa petrolera estatal Petrobras. Por otro lado, las políticas anti-cíclicas daban signos de haber durado demasiado tiempo y a finales de 2015 el dólar batía récords históricos y la inflación comenzaba subir.

Desde que Dilma Rousseff asumió por primera vez el poder enfrentó el rechazo de la derecha y su intención de deponerla, en este lapso se produjeron aproximadamente 30 peticiones para destituirla de su cargo, pero esto se logró hasta que la Comisión Especial del Senado de Brasil aprobó el proceso de destitución y es así como se llegó al Impeachment.
Petrobras, la principal firma estatal de América Latina −compañía que produce 2.5 millones de barriles de petróleo diarios, cuenta con 87 mil empleados−, se vio envuelta en el mayor escándalo de corrupción de la historia de ese país. Se estima que entre 2004 y 2012 la corrupción y sobornos a altos cargos de la empresa desvió por lo menos 8 mil millones de dólares.

El escándalo que salió a la luz mediante la “Operação Lava Jato” (Operación Lavado a Presión) también manchó a empresarios y a políticos de todos los partidos, investigados por formar una red de corrupción de lavado de dinero que operaba en Brasilia y San Pablo. El Juez Federal Sergio Moro concluyó que existía “corrupción sistémica” en el que era “regla de juego pagar sobornos del 1% al 2% del valor del contrato” celebrado por la petrolera.

Adicionalmente el gobierno de la presidenta Rousseff firmó en 2015 decretos de crédito suplementario sin la autorización del Congreso. Para la Comisión Especial esta conducta no respetó la legislación ya que la “Ley del Impeachment” considera un delito de responsabilidad atentar contra la ley presupuestaria y contra “la guarda y el uso legal de dineros públicos”.

La defensa de la Presidenta argumentó que los decretos equivalentes a 27,330 millones de dólares, sólo se trató de una redistribución de los gastos y que no hubo ampliación alguna de los mismos como lo prohíbe la ley, por lo que no existía motivo para el proceso de destitución.

La ley en comento prohíbe expresamente al gobierno de Brasil solicitar préstamos a un banco estatal, por ello el argumento anterior se consideró como un intento de “maquillaje” fiscal, el hecho fue que se retrasó una transferencia por valor de 996 millones de dólares al  Banco de Brasil para el pago de un programa de crédito agrícola, que posteriormente fue cubierto, pero en la práctica se consideró como que el gobierno accedió a un préstamo de un banco estatal.

Aunque la defensa sostuvo y logró demostrar que fueron simples retrasos en los pagos, y no préstamos, la oposición con maniobras políticas y pasando por encima de cualquier consideración legal  buscaba su destitución

En el mes de abril se instaló una  Comisión Especial de 65 diputados que analizó y votó a favor de inculpar a Dilma, así inició proceso de Impeachment. Ese mismo mes la Cámara de Diputados debatió el informe de la Comisión Especial sobre la destitución y lo aprueba con un total de 342 votos a favor, 171 en contra y cero abstenciones, pasando el proceso al Senado.

Derivado de ello, a finales de abril se crea una Comisión Especial de 21 miembros en el Senado,  para estudiar el proceso y  acelerar el procedimiento, en menos de un mes, se redacta un informe y el 11 de mayo se realiza la votación en esta comisión.

Un día después, el 12 de mayo, tras una sesión plenaria histórica que duró 21 horas casi ininterrumpidas, el Senado brasileño aprobó el proceso de destitución o Impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, con una mayoría calificada 55 de 81 –para iniciarlo era necesaria sólo una mayoría simple de 41 votos–.

Se declaró un período de 180 días en el que se realizará un proceso político y en donde se dará una votación posterior, la cual requiere de dos tercios de los legisladores, esto es 54 senadores, para conocer el destino de la Presidenta; en esta nueva votación existe la oportunidad de hacer justicia, es evidente que sólo se trató de un retraso  en el pago de un programa de crédito agrícola y no es argumento suficiente, tampoco lo es la causal jurídica, para iniciar la destitución de un presidente.

Hasta ahora el único presidente de Brasil apartado del poder por un Impeachment fue Fernando Collor de Mello, en 1992, quien fue exonerado por el Tribunal Supremo Federal de Brasil en 1994 al considerar que no existían pruebas de una conexión entre el Presidente y el “sistema de corrupción” de su tesorero Paulo César Farías. Ahora Collor miembro destacado de la derecha opositora votó a favor de la destitución de Rousseff.

Tras conocer la aprobación del juicio político en el Senado, Dilma Rousseff consideró que: “Puedo haber cometido errores, pero no delitos, el destino siempre me reservó muchos desafíos. Algunos parecían infranqueables. Pero conseguí vencerlos”.

 Al recordar sus años en los que combatió a la dictadura militar sentenció: “Nunca pensé que tendría que luchar de nuevo contra un golpe de Estado en nuestro país”.

En otros procesos de Impeachment anteriores en América Latina como fueron los casos contra la Presidenta María Eva Martínez de Perón en Argentina, en 1976, contra el Presidente Fernando Collor de Mello, en 1992, y contra el Presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela en 1993, se vivieron situaciones semejantes a la de la Presidenta Rousseff. Lo que evidencia siempre este tipo de situaciones es una ausencia de la cultura de la responsabilidad de todos los actores políticos, lo cual conlleva un agravamiento de la crisis institucional y al descrédito del sistema de partidos.

En sus deliberaciones, la Asamblea brasileña debe tomar en consideración que entre los principales promotores del Impeachmeant, como es Eduardo Cunha quién fuera presidente del Parlamento brasileño,  renunció a su puesto debido a la orden de la Fiscalía brasileña, que lo acusa de haberse beneficiado de los sobornos de Petrobras.

También debe tomarse en cuenta las mentiras del presidente en ejercicio, Michel Temer, quien negó tener cuentas bancarias en el extranjero y se le comprobó que posee cuentas en Suiza a su nombre y de su esposa, por valor de 5 millones de dólares.

De consumarse el Impeachment, Brasil enviaría un mensaje de incertidumbre política y económica a la comunidad internacional, sobre todo porque este proceso es un golpe directo a la democracia, perpetrado por políticos acusados de corrupción y no por la soberanía del pueblo a través de un referéndum o una nueva elección democrática.


*Mtro. En Gerencia Pública por el CIDE

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