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06.01 La Constitución de la CDMX

LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL RESCATE DE LO PÚBLICO Y LO SOCIAL


                                                                                       Alejandro Encinas Rodríguez*



Una Constitución Progresista e Inovadora


La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, cerró el largo ciclo de debates iniciado hace 193 años con la primera Constitución del México independiente en 1824, respecto al reconocimiento de la Ciudad de México como entidad integrante de la federación que, bajo el argumento de la inconveniencia de que dos órdenes de gobierno distintos –el federal y el local– coexistieran en el mismo territorio, se confrontaron dos visiones distintas del país respecto a la descentralización del poder público y el fortalecimiento de los gobiernos locales: centralistas contra federalistas, conservadores contra liberales. La Constitución de la Ciudad de México avanzó en dirimir ambos dilemas.

Se trató de una Asamblea Constituyente sin precedente. Las generaciones actuales no conocimos el Constituyente de 1917; algunas conocieron la Constitución de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo en 1974, durante los años del partido hegemónico de Estado y del presidencialismo omnímodo.

La Constituyente de la Ciudad de México se enmarcó en un contexto de pluralidad política y desarrollo de la cultura cívica, característicos de la capital del país, e imprimió como sus sellos distintivos un proyecto de constitución elaborado por un grupo de especialistas plural e interdisciplinario; ser el primer órgano parlamentario paritario entre hombres y mujeres, con una mesa directiva integrada en su mayoría por mujeres; fue una asamblea conformada en gran número por las corrientes de izquierda, que implementó prácticas del debate parlamentario, distintas a la disciplina partidaria tradicional, las cuales permitieron la construcción de acuerdos transversales para sacar adelante temas polémicos como el derecho universal a una vida digna conforme a los estándares más altos de bienestar y a la muerte digna; el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos. Se estableció el parlamento abierto para que cientos de ciudadanos, sin requisito alguno, promovieran iniciativas y participaran en audiencias públicas promoviendo sus propuestas para ser incorporadas a la constitución. Impulsó la primera consulta previa, libre e informada a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, hecho sin precedentes a nivel internacional conforme a lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizando 940 asambleas, de las cuales 934 aprobaron la propuesta de dictamen, el cual posteriormente fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Constituyente.


Pero, al igual que en el pasado, como es ineludible en una ciudad plural y diversa, se suscitaron intensos debates confrontándose nuevamente temas polémicos sobre la ciudad y el país al que aspiramos. Entre otros, la prevalencia del interés público sobre el privado, la descentralización del poder público, el fortalecimiento de la democracia participativa, las libertades públicas y los derechos privados, la regulación sobre el mercado, en especial del capital inmobiliario, la responsabilidad social y el papel del Estado en la rectoría económica, sin pretender regresar a los tiempos del paternalismo autoritario, para propiciar crecimiento económico en el desarrollo y, enfrentar la pobreza y la desigualdad que abaten a la mayoría de los mexicanos.

Estos debates sacaron a la palestra los cuestionamientos que en su momento tildaron de populistas a las políticas sociales implementadas por los gobiernos de izquierda en la capital del país, como sucedió con la pensión universal para adultos mayores, el apoyo a madres jefas de familia o a las personas de escasos recursos con discapacidad, y que a la postre se han replicado –no sin limitaciones– en todo el país, como sucedió con la propuesta del ingreso mínimo universal, el cual quedó finalmente plasmado en la Constitución como ingreso mínimo vital progresivo para los grupos en pobreza extrema y vulnerabilidad.

Lo mismo sucedió al debatir la Carta de Derechos y el derecho a la ciudad, propuestos en el proyecto de constitución, cuando se argumentó que la ciudad no dispone de recursos suficientes para hacerlos efectivos y que se generarían falsas expectativas para su cumplimiento, incluso estigmatizando el derecho a la ciudad como un atentado a la propiedad privada, retomando, como lo hicieron los críticos más aviesos, los mismos adjetivos esgrimidos por los opositores al Artículo 27 Constitucional en 1917, que estableció la función social de la propiedad al señalar que: “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública”, desconociendo, además, que el derecho a la ciudad quedó plasmado en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada en octubre de 2016 por el Congreso de la Unión y que el gobierno mexicano presentó días después como su principal aporte a la reunión de Naciones Unidas, Hábitat III en Quito, Ecuador.

Pese a la intensidad de los debates y la diferenciación de las propuestas, se alcanzaron acuerdos que transformarán el sistema constitucional mexicano y que representan avances significativos. Por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México se integró además de la reforma del año 2011 al artículo primero constitucional, que reconoció los derechos humanos de todas las personas  en su carácter universal, indivisible y progresivo; así como los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano en la materia; el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; el derecho al cuidado y el derecho a la ciudad, asumiendo que ésta es de sus habitantes, son ellos quienes tienen en todo tiempo el derecho inalienable a su uso y disfrute, estableciendo mecanismos para su exigibilidad y justiciabilidad.

La ciudad se reconoce pluricultural y como un espacio de refugio y asilo; asume un enfoque metropolitano y recupera la planeación para el desarrollo urbano y territorial, estableciendo expresamente la prohibición a la privatización del agua, considerada un bien público y un derecho humano, así como de los servicios de recolección de residuos.

Asimismo la constitución establece los deberes de los ciudadanos, incluida la protección de los animales como seres sintientes, y propone nuevas modalidades del ejercicio de la función pública y la planeación de la ciudad asumiendo al territorio como eje articulador de las políticas públicas.
Termina con el último vestigio del Departamento del Distrito Federal, las delegaciones políticas y crea las alcaldías, el Cabildo de la Ciudad de México, así como nuevas formas de gestión metropolitana y de democracia participativa, incluida la revocación de mandato y la contraloría ciudadana; elimina el fuero de los representantes populares y transforma al poder intacto, el Poder Judicial, que queda sujeto a controles parlamentarios y ciudadanos.

Así, y pese a los malos augurios de propios y extraños, el 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó y expidió la Constitución Política de la Ciudad de México, fecha emblemática que coincidió con la promulgación del Acta Constitutiva de la República Mexicana de 1824, así como con la sesión solemne que suscribió la Constitución de 1917.

Para quienes afirmaron que se legisló sobre las rodillas, queda el registro del trabajo desempeñado a lo largo de cuatro meses y medio, durante los cuales se realizaron 21 sesiones plenarias, que ocuparon 42 días de trabajo, destacando la sesión más larga en la historia parlamentaria del país, que se extendió del 14 al 27 de enero de 2017. Se presentaron 544 iniciativas de legisladores y 978 de ciudadanos, y se discutieron 870 reservas en lo particular, con la participación de mil 342 oradores. A lo que se suman más de  dos mil horas de trabajo efectivo de las ocho comisiones de dictamen y en el pleno, la atención a más de 10 mil personas, 47 organizaciones no gubernamentales y 93 manifestaciones públicas.

La asamblea garantizó el ejercicio irrestricto a la  libertad de expresión y el debate parlamentario, sin limitar a ningún constituyente el uso de la palabra, lo que dio como resultado una constitución de derechos y de libertades, que sin duda conformarán un nuevo paradigma en la vida política del país.
En la procesión sinfín de malas noticias, la primera Constitución de la Ciudad de México ha enviado una buena señal para todos los mexicanos. Pese al escepticismo y el descrédito alentado sobre este proceso se trata de una constitución progresista e innovadora, respecto de la cual todos los ciudadanos y las fuerzas políticas que participaron deben sentirse satisfechas. Si bien algunos aspectos quedan pendientes, lo aprobado representa un avance en la agenda de derechos, sin regresión alguna en los derechos conquistados en la ciudad.

No han faltado sus detractores, desde quienes consideran que se trata de una constitución “asesina”; algunas élites que cuestionan “el exceso” de derechos reconocidos, hasta quienes la consideran “cursi y rebuscada”, ser repetitiva, contradictoria o de estar mal redactada. Se trata de quienes actúan de oficio o quienes no alcanzan a entender que asistimos a un debate político plural, no a un taller literario.

A contrapelo de estas opiniones, organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas en México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), consideran esta constitución como un documento histórico que encara con solidez y profundidad los desafíos centrales de la agenda del desarrollo, la paz y los derechos humanos para el año 2030 en la Ciudad de México.

De acuerdo con el politólogo Jon Elster que, más que para el presente, las asambleas constituyentes legislan para las generaciones del futuro. Son éstas las que disfrutarán o padecerán las decisiones fundacionales tomadas por personas con las que no coincidirán ni en tiempo ni espacio.
La constitución cimentó su legitimidad atendiendo las aspiraciones ciudadanas, asegurando el usufructo equitativo de la Ciudad donde el suelo y la propiedad cumplen una función social para permitir la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la comunidad, y  representa, a mi juicio, un triunfo de la buena política, un acuerdo político importante alcanzado en nuestra frustrada transición a la democracia, después de las reformas que otorgaron autonomía constitucional al entonces Instituto Federal Electoral que abrió paso a la alternancia en la Presidencia de la República.
Tras 193 años de prejuicios y resistencias, la capital de todos los mexicanos por fin alcanza su autonomía. La constitución plantea una nueva forma de entender a una sociedad cada día más compleja, envía un mensaje positivo al país en estos momentos de desasosiego, y contribuirá a perpetuar la fama y la gloria de México Tenochtitlán.




* Senador de la República. Presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

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