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06.02 Gasolinazo dispara inflación

Gasolinazo dispara inflación

Víctor Hugo Romo Guerra*

A casi dos meses de la vorágine nacional desatada por el mega gasolinazo, el gobierno federal sigue en caída libre pregonando su verdad –sin que nadie le crea–, pero lo más alarmante es que tampoco hace nada por amortiguar la caída libre que sufriremos los mexicanos cuando, más pronto de lo esperado, el destino nos alcance.

Desde el principio se equivocaron y ahora, obcecados en su soberbia, insisten en que no van a recular, entonces persisten en su costumbre de improvisar, lanzar verdades a medias o inventar thrillers para venderlos como soluciones de fondo, cuando en realidad son paliativos coyunturales y falsas promesas.

Es el caso, por ejemplo, del llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, convocado y suscrito por el gobierno federal con parte de los sectores productivos del país, diseñado en las rodillas, sin el consenso de la cúpula empresarial, y recetando más un catálogo de buenas intenciones y promesas imposibles de cumplir –como se ha visto–, que anteponiendo un programa con acciones estratégicas para contener los inminentes aumentos en los productos y servicios.

Pero vamos por partes, porque la forma es fondo, y cuando todo comienza con mentiras, poco puede esperarse de los resultados.

Lo primero que indignó a los mexicanos fue que el gobierno federal anunció un aumento al salario mínimo de siete pesos diarios, calificándolo de “histórico para resarcir el poder adquisitivo de los trabajadores”, pero 15 días después, con el aumento al combustible, todo quedó en una burla pues las gasolinas subían 21 por ciento y el salario sólo aumentaba 3.9 por ciento.   

Sin explicación alguna, los incrementos entraron en vigor el 1 de enero de 2017, lo que indignó más a la población y desató la inconformidad, primero en redes sociales y, enseguida, se trasladó a las calles con bloqueos y protestas pacíficas que no han cesado.

Lo que más molestó a la gente fue que el gobierno federal prometiera que con la reforma energética no habría más gasolinazos y, por el contrario, aseguró que bajaría su costo con el del diésel, el gas y la energía eléctrica, pero sucedió todo lo contrario.

Después, el jefe del Ejecutivo federal justificó que el gasolinazo respondía a que en el último año aumentó el costo internacional del petróleo, pero dos días después el propio gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, lo desmintió al señalar que la liberación del precio de los combustibles “forma parte de las reformas estructurales”.

Es innegable que el aumento a los combustibles, materia prima de la producción de los bienes y los servicios, irremediablemente traerá incrementos en todo, incluso –por más que se niegue– en la canasta básica, el transporte público y el de carga.

Después vino otra pifia, la desatinada metáfora presidencial para advertir que en México había llegado el fin de la industria petrolera, que algún día fue “la gallina de los huevos de oro”, y eso obligó a impulsar el ajuste en el precio de los combustibles.

Un falso razonamiento para inducir al error, porque si bien se pudieron agotar yacimientos petroleros como Cantarell, la Secretaría de Energía anunció –entre 2015 y 2016– el descubrimiento de por lo menos catorce nuevos grandes pozos petroleros en aguas del Golfo de México, de los que ya ni se acuerda el gobierno federal o, mejor dicho, no quiere ni acordarse.

Lo irrefutable y que ahora está ocasionando esta crisis en los precios de los combustibles, es que se impulsó una reforma energética para poner nuestros recursos petroleros en manos de la inversión extranjera y beneficiar a las grandes trasnacionales, porque no se invirtió ni en tecnología ni en infraestructura para exploración, extracción y, mucho menos, para refinación del petróleo y la producción de gasolinas de buena calidad, lo que sí hizo Estados Unidos, país que ahora nos vende buena parte de la gasolina que consumimos.

Estamos hablando de acciones elementales que tendría que haber impulsado cualquier gobierno que defiende los intereses nacionales, para sentar las bases y fortalecer nuestro mercado interno, hacerlo competitivo, pero sobre todo, para no regalar lo que queda de un país con una tradición eminentemente petrolera.

Hemos repetido hasta el cansancio: “lo que se esconde tras la decisión de liberar el precio de las gasolinas, es la necesidad urgente de obtener recursos del gobierno federal ante la pérdida de los ingresos tributarios petroleros, de un ineficiente manejo del gasto público y políticas energéticas equivocadas que acumulan rezagos y altos costos sociales para los mexicanos. El tiempo, nos está dando la razón.”

Las consecuencias del gasolinazo han sido, en el primer mes del año, letales. La promesa de que éste no provocaría inflación resultó otro engaño. La prueba es que el primer reporte mensual de 2017 demostró que se disparó en México más de 50 veces el índice inflacionario al registrado en el mismo periodo de 2016.

El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoció que en la primera quincena de enero la inflación aumento 1.51 por ciento. Esto es una variación al alza no vista desde hace 18 años, ya que en enero de 2016 se ubicó en 0.03 por ciento.

Con esto, el pretendido Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado el pasado 10 de enero, donde el gobierno federal se comprometió a mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como a vigilar y sancionar cualquier abuso, demostró ser un rotundo fracaso y otro engaño insostenible.

No hay duda hemos vivido la peor cuesta de enero, de al menos las últimas tres décadas, desatada por el abrupto incremento en los precios de los combustibles que, oficialmente, está provocando un notable aumento en el costo de la vida y degradando el bienestar de la mayoría de la población.

Los incrementos han sido muchos y variados, por ejemplo, alimentos: el limón subió 71.32 por ciento, el aguacate 59.51 por ciento, los mariscos 21.51 por ciento, la carne de cerdo 8.31 por ciento, el huevo 6.10 por ciento, el camarón 24.62 por ciento, la cebolla 11.61 por ciento, entre otros.
Los costos también empiezan a notarse en servicios como la televisión de paga, que aumentó 6.33 por ciento, los autobuses foráneos 4.33 por ciento, la hospitalización 5.51 por ciento, los estudios médicos 4.53 por ciento y la hospitalización por parto 4.92 por ciento.

Hoy se nos ha dicho, “el precio de las gasolinas se ha liberado y depende del mercado internacional e igual puede subir y bajar de acuerdo a su comportamiento.” Esto significa que el costo del litro podría ser más caro de un día para otro.

Las consecuencias del gasolinazo, en el mediano y largo plazo, son impredecibles. Lo cierto es que si hay otra alza, la cadena será brutal e imparable: aumento de precios es igual a más pobres, mayor pobreza genera más violencia, más violencia propicia más inseguridad y aumento de delitos.

Significa, inexorablemente, que se desatará la inflación y habrá un brutal encarecimiento de la vida, que afectará primordialmente a los más desprotegidos, con una repercusión aplastante en la deteriorada economía familiar y que golpeará incluso a las clases medias.

Lo urgente e inaplazable sigue siendo que el gobierno federal escuche y responda al hartazgo de la población. La única manera de frenar la debacle del país es que se deseche el gasolinazo, porque puede convertirse en la chispa que encienda la mecha del México bronco que a ningún mexicano conviene y nadie, en su sano juicio, queremos ver.

*Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

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