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02.02 Drogas en México

30.03.2016

Hacia una nueva política pública en materia de drogas en México.


Carlos Francisco Munguía Labastida*

Existe un gran número de problemas de interés público que se encuentran en espera de ser visibilizados para convertirse en objeto de intervención gubernamental, cuya necesidad de solución puede ser impulsada por grandes organizaciones o en ocasiones por grupos dispersos de la sociedad.

Cuando uno de estos problemas adquiere relevancia nacional y se convierte en un tema prioritario de atención por parte del gobierno, se considera factible incluirlo en su agenda, para que una vez realizado el diagnóstico adecuado, se defina con claridad el problema público y se tomen decisiones sobre el actuar.

De este tamaño es la reciente resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que por mayoría se declaran inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación única y exclusivamente del estupefaciente conocido como “marihuana”.

Con esta trascendental decisión no sólo se permite a cuatro personas el uso de la “marihuana” con fines lúdicos, así como aquellos actos relacionados para su consumo, sino que abre la posibilidad de un debate serio y obliga a intercambiar ideas para que de manera conjunta se construyan soluciones, reconociendo las limitaciones de la actual política de drogas.

Es conocida por todos la dificultad de analizar desde una perspectiva integral la política de drogas por los gobiernos en turno, así como fijar posturas a favor o en contra de su legalización por parte de los diversos actores políticos, ya sea por presiones internacionales o por los retos de salud, morales, éticos, jurídicos, políticos e incluso económicos que plantea, sin embargo, en las últimas décadas nos hemos podido dar cuenta de la ligereza con la que nuestros exmandatarios expresan abiertamente sus posiciones e incluso algunos han dejado ver sus intenciones de convertirse en los nuevos empresarios de esa industria.
Ahora bien, es importante señalar que en los últimos años se han realizado múltiples debates sobre el consumo de drogas en nuestro país que no han logrado materializar cambios relevantes, sin embargo, lo que actualmente representa un hito son los alcances de la resolución de la Corte, que permiten pensar que derivado de ese ejercicio se tomarán decisiones específicas en la materia.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la “elección de una actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución”, es decir, la petición de los quejosos es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, el consumo de sustancias que produzcan  experiencias consideradas como las más personales e íntimas.
Adicionalmente, la decisión judicial llega a las siguientes conclusiones que podrán servir de base para los futuros debates:

·         Los estudios coinciden en que a partir de la evidencia que existe actualmente, el consumo de marihuana en personas adultas no supone un riesgo importante para salud, salvo en el caso de que se utilice de forma crónica y excesiva.
·         En términos generales, puede decirse que los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas; y que más bien se trata de una variable que debe analizarse con otros factores de riesgo de carácter social, psicológico o fisiológico.

·         En relación con la asociación del consumo con la comisión de delitos, la evidencia es altamente especulativa, toda vez que diversos estudios han concluido que el consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes.
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    El “sistema de prohibiciones administrativas” es altamente inclusivo, es decir, no encuentra fundamento en la justificación de dicha norma.
Ante tal escenario, es indispensable que el Estado mexicano tome decisiones y defina las acciones que deben realizarse en torno a la política de drogas, en un marco de corresponsabilidad y en pleno respeto a la división de poderes para llegar a una situación deseada por la sociedad mexicana.

El diseño de políticas públicas por parte del Ejecutivo Federal es el instrumento para definir acciones a desarrollar por el Estado mexicano, sin embargo, la indefinición gubernamental sobre el tema de drogas durante décadas ha generado parálisis para intervenir en la solución de ese problema social.

Si bien la resolución de la Corte declara inconstitucional diversos artículos de Ley General de Salud, su aplicación recae en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano que anteriormente no había otorgado por retrasos administrativos una autorización con fines medicinales, por lo que también en esa ocasión fue el órgano jurisdiccional quien ordenó a la autoridad federal permitir la importación del medicamento, pues con ello no se afectaba el interés social ni el orden público.

Es decir, parece el momento adecuado de interactuar entre el consenso y el conflicto para tomar las decisiones correctas, y dejar atrás las declaraciones relativas a no querer “un país marihuanero” o convertir a los “capos en empresarios” que dificultan un debate abierto; la indecisión sobre una acción específica aun cuando se reconoce el problema, deja ver una actitud de no querer resolver el problema y no permite cambios en la situación actual.

Como todo derecho es necesario ponerle límites, un análisis plural y abierto generará alternativas novedosas como regular el consumo exclusivamente a mayores de 21 años, en lugares determinados o con la prohibición de hacerlo en presencia de menores de edad, que pueden ser de utilidad  para fijar una nueva política de drogas con una perspectiva acorde a los desafíos de este fenómeno global, que puede colocar a México como referente internacional en el tema ante la próxima Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas en 2016.

Las medidas prohibicionistas demuestran una postura paternalista, en la que el Estado cree saber que es lo mejor para las personas y que es lo que deben hacer con sus vidas, lo cual es diametralmente opuesto al bien jurídico tutelado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por parte del Congreso de la Unión es necesario presentar una iniciativa seria y con un alto nivel de técnica legislativa, consensada con los diversos grupos parlamentarios, legitimada socialmente y que resuelva el problema de manera integral. Es momento de dejar a un lado los cálculos políticos y que los legisladores asuman con responsabilidad los cambios que se requieren en esta política pública erigiéndose como la voz de los ciudadanos que representan.

Los cambios legislativos deben ser integrales y considerar los múltiples factores de esta problemática, ya que las soluciones parciales o superficiales en un tema tan delicado provocan efectos no deseados. Un ejemplo de ello fue la reforma de “narcomenudeo” aprobada en 2009 en el que se despenalizó la dosis para consumo personal (5 gramos en el caso de la “marihuana”), cantidad que socialmente ha sido fuertemente criticada por el gran número de consumidores que ha enviado a la cárcel, al quedar la detención al arbitrio del cálculo fino de los policías, todo ello sin entender como esa mínima dosis llegó “milagrosamente” a manos del consumidor, siendo que todos los demás actos relacionados con el consumo están penalizados.

Como se menciona anteriormente, en el análisis de esta política habrá que reconocerle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el colocar el tema en los “reflectores políticos”, sin embargo es preciso que los jueces de primera instancia asuman el mandato constitucional de interpretar normas de derechos humanos, no como opción sino como obligación, e inaplicar las normas inconstitucionales a un caso particular.
El proceso para llegar a esta resolución ha sido largo, la autorización fue solicitada en mayo de 2013, la negativa del permiso se hizo de conocimiento del juez en julio de ese mismo año y es hasta finales de 2015 cuando tenemos la histórica resolución que da inicio al debate, es decir, en ese tiempo concluyó una legislatura y terminó la primera mitad de una administración federal, sin que se haya analizado el tema.

Es el momento de dirigirnos hacia una nueva política en materia de drogas, se reconoce la posición del Ejecutivo Federal de abrir un debate especializado y científico para definir las políticas públicas sobre el consumo de la marihuana, es aplaudible la postura abierta de los legisladores ante la discusión que se viene, pero lo más importante será conocer el alcance de las decisiones que habrán de tomarse al concluir el debate, porque la Corte ha dado el primer paso para constituirse como el medio idóneo para ampliar los alcances de los derechos fundamentales.

*El autor es Abogado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

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