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03.01 Constitucion de la CDMX

POR UNA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX EXIGIBLE EN SU CUMPLIMIENTO*

Con la reforma política de 1996 se terminó con el oprobio que significaba la presencia de una regencia en la capital de la República y, por primera vez, se llevarían a cabo elecciones generales para elegir a un Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, la izquierda enarbolaba desde varias décadas atrás el propósito para que, en lugar de un Distrito Federal, se constituyera una entidad federativa autónoma que hiciera posible que los habitantes de la Ciudad de México pudieran ejercer los mismos derechos políticos que ya ejercían el conjunto de la ciudadanía del país.

Apenas un año después de esa reforma se llevaron a cabo las elecciones para elegir democráticamente a un Jefe de Gobierno, responsabilidad que, por voluntad de los electores de la ciudad-capital, recayó en el Partido de la Revolución Democrática.

Desde entonces se han dado grandes avances en la capital del país en materia de derechos sociales, de derechos humanos y de libertades políticas en la historia reciente de nuestro país.

La ciudad-capital vivió y vive una etapa de libertades ciudadanas que son ejemplo en el resto del país y en otras partes del mundo.

Aquí se alienta la pluralidad y la diversidad política, étnica, cultural, sexual, como en ninguna otra región de México y otras del mundo.

Ahora, con la Constitución de la CDMX podremos avanzar mucho más de lo que lo hemos hecho.

CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La construcción de la nueva entidad Ciudad de México es el resultado del esfuerzo de los ciudadanos de la capital del país, confluyendo en este esfuerzo también la voluntad política, la convicción clara y la determinación de las principales fuerzas políticas nacionales para avanzar hacia la redefinición de los derechos ciudadanos de la capital.

La reforma política de la Ciudad de México abre un abanico de oportunidades único e irrepetible para proponer una arquitectura política de relaciones equitativas entre las demás entidades federativas y la federación. La Ciudad de México está preparada para ofrecer un nuevo camino innovador que comenzó desde hace 190 años y la reforma permitirá ampliar y fortalecer los derechos de la ciudad capital y sus habitantes.

La conformación de un Congreso Constituyente de la Ciudad de México es un paso decisivo en la construcción de una nueva relación del pacto federal como nación soberana y es la cristalización de esfuerzos de décadas, de centenares de miles de mujeres y hombres ciudadanos de la capital del país para que sean reconocidos con plenos derechos. Esto inició de manera formal en el referéndum que la sociedad civil organizó hace más de 25 años y dio un paso decisivo por la defensa de los derechos ciudadanos de los capitalinos con la reforma política de 1996.

El Distrito Federal, como capital del país, ha sido importante para el desarrollo político, económico, social y cultural; sin embargo, es tiempo de pasar a una nueva etapa en la cual se diseñe una nueva estructura constitucional para la Ciudad de México.

Y en esta nueva estructura constitucional, es preciso plasmar las conquistas de la ciudadanía capitalina como son la democracia, el progresismo incluyente, los principios de justicia, equidad, libertad y tolerancia que han distinguido a los habitantes de la ciudad capital.

La Ciudad de México será un referente nacional al considerar una política económica incluyente que fomente el desarrollo sustentable con justicia social, que amplíe los derechos económicos tales como el aumento al salario, que apoye a la industria y a las actividades primarias de la capital.

La Ciudad de México se ha distinguido por contar con un carácter progresista en materia de estructura presupuestaria al poseer un andamiaje fiscal de redistribución con perfil social.

La conformación del Congreso Constituyente actualizará la discusión para la elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México, un debate de años en el ámbito político y de la academia constitucionalista social y económica.

Estamos en un momento histórico trascendental para el país y la ciudad capital, la primera Constitución de la Ciudad de México será un modelo de ejemplo del cual se podrán desprender cambios profundos en la estructura institucional nacional y local que impacten las actividades económicas, sociales, políticas y culturales colocando en el centro las necesidades de la ciudadanía que al fin son los principales destinatarios de los cambios y quienes deberán ser los beneficiarios del nuevo texto constitucional.

La Constitución próxima de la gran Ciudad de México debe ser, en varios sentidos, muy diferente con respecto a la Constitución General de la República y las constituciones de las entidades federativas.

Por ejemplo: a diferencia de la actual que rige para el conjunto de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México sí debiera cumplirse de manera estricta y puntual. La Constitución de la ciudad capital no debe ser un catálogo de deseos; no, una suma interminable de aspiraciones; no, un listado de pretensiones utópicas; no, una mitología celestial.

En sentido diferente, debiera ser una Constitución con claras y precisas definiciones acerca de cuáles son los derechos y cuáles las obligaciones que las y los habitantes de la capital deberemos ejercer y cumplir ahora, en nuestro tiempo y para el de nuestros hijos y nietos.

Si somos objetivos, reconoceremos que muchos de los artículos de nuestra Constitución General y de aquellas otras particulares que corresponden a las entidades de la federación son, efectivamente, letra muerta: no se cumplen  y la autoridad federal o estatal no reconoce o no observa o simplemente no existen los imperativos legales para hacerlos cumplir.

Podríamos seguir con otros ejemplos de incumplimiento de la Constitución que debieran llevarnos a la conclusión de que se debiera construir una nueva Constitución para la República.

Pero mientras eso sucede, debiéramos construir para la Ciudad de México una Constitución verdadera, es decir, que se pudiese aplicar de manera plena y que, en consecuencia, resultase indispensable para hacer, en la capital del país, una sociedad de derechos y un ejemplo de relaciones sociales democráticas y civilizadas.

Si en la Constitución de la CDMX se establece el derecho a la salud, entonces éste deberá ser exigible y sin excusa alguna debiera cumplirse por la autoridad correspondiente o por los prestadores de los servicios de salud, lo sean particulares o lo sean del gobierno.

Veamos entonces el tema de la manera siguiente: si el derecho está escrito, es que existe y, por lo tanto, se cumplirá, porque se asignará el presupuesto necesario, porque se crearán las clínicas suficientes, se contratará y asignará el personal necesario y, sobre todo, porque la autoridad se encontrará obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de México so pena legal.

Lo mismo se debería hacer para la educación o para el seguro de desempleo; el derecho al acceso al agua y a un medio ambiente sano; a la plena igualdad jurídica y la igualdad en el acceso a derechos humanos fundamentales.


De esta manera, el objetivo es contar en la CDMX con una Constitución verdadera, exigible en su cumplimiento, con derechos efectivos y responsabilidades ciudadanas garantizadas.

Jesus Ortega Martinez*

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